Se lo merecen

En 2003, en cierto país bananero que sólo tiene Constitución de determinadas puertas para afuera, se irrumpe en casa de una serie de personas, se las detiene, se las lleva encapuchadas a la capital, se cierra el periódico en el que trabajaban. El cierre cautelar de un periódico no existe; es como "tener cautelarmente" a un pez fuera del agua. En muy poco tiempo, se muere. Aquí, el "poco tiempo" serían 7 años hasta llegar la sentencia.

Estas personas permanecen varios días incomunicadas. Según su testimonio, fueron torturadas, y se les pidió que firmasen documentos sin la presencia de su abogado.

Algunas de estas personas denunciaron públicamente esas torturas. El ministro del interior de ese país presentó una querella contra ellos por hacerlo. Esa querella fue archivada. Nunca más se supo ni de una cosa ni de la otra.

En 2006, el ministerio fiscal de dicho país retira las acusaciones, porque no tienen base. Sin embargo, ciertas asociaciones políticas mantienen la acusación (la ley de ese país, aparentemente, lo permite) y el proceso sigue adelante.

Y termina con la absolución. No hay pruebas de ninguna de las acusaciones. Nada de nada. Bueno, sí. Hay un periódico cerrado, una empresa destruida, unos trabajadores en la calle, unos detenidos con la vida destrozada, privados de sus papeles y archivos, aparentemente torturados y humillados, sometidos a la pesadilla de un juicio durante siete años, y encerrados 6 de ellos en la cárcel, sumando entre todos 47 meses de estancia.

No es Venezuela, no es Cuba, no es Corea, no es China. Es España. Bueno, eso nos dicen desde pequeñitos, que es España. El periódico es el Euskaldunon Egunkaria, y el ministro de interior que si denuncias torturas lo considera una prueba de que eres de ETA, es Ángel Acebes. Las asociaciones que sañudamente ejercen la acusación popular contra gente inocente son la AVT y una tal asociación Dignidad y justicia. Por cierto, ¿puede continuar una causa cuando sólo hay acusación popular? Depende. Parece ser que si el acusado es Emilio Botín no. En este caso, sí.

Se parte de la simpleza de que el que tenga algo que ver con alguien que tenga que ver con alguien que no le guste a Aznar es terrorista, y se llega a una sentencia absolutoria. Por el camino, el atropello a personas inocentes. La AVT debería ser sensible a este tipo de abusos, pero parece que no.

Ahora, se dice que el Estado podría tener que indemnizar con 60 millones de euros a los procesados.

Si es verdad la mitad de la mitad de lo que cuentan aquí o aquí, y me temo que sea verdad bastante más que la mitad de la mitad, se merecen ese dinero.

Lo que pasa es que deberían pagarlo la AVT y Dignidad y Justicia.

Porque con algunas cosas no se juega.