Los médicos de Leganés (II)

Todo el conocimiento humano (supersticiones aparte) descansa en una serie de pilares, de normas básicas acerca de la verdad y la mentira.

Uno de ellos es que, con cierta frecuencia, es posible demostrar la existencia de algo dejando lugar a pocas dudas; se trata de identificar un fenómeno observable, que todos podamos verificar (y en algunos casos incluso reproducir). Sin embargo, suele resultar muy difícil probar la inexistencia de algo. En algunos casos, se puede (por reducción al absurdo, por ejemplo) pero en general no.

Cualquiera podría afirmar como cierto un fenómeno inobservable. Para protegerse de eso, la ciencia sólo tiene la navaja de Occam. Y el derecho, el onus probandi, el peso de la prueba.

En algunos sistemas de inferencia se adopta la hipótesis del mundo cerrado (CWA, Closed World Assumption). Consiste en que toda afirmación sobre la que no se tiene constancia se considera falsa. Es un recurso limitado a sistemas concretos y por razones prácticas; se trata de ofrecer un mecanismo para que los algoritmos de razonamiento ofrezcan siempre alguna respuesta, trabajando con bases de conocimiento finitas. Podría adoptarse el convenio contrario; suponer que cualquier afirmación sobre la que no se tiene información es cierta. Pero evidentemente esta opción llevaría a infinitos razonamientos erróneos si intentásemos utilizarla para conocer el mundo real. En este campo, como se ha dicho, la navaja de Occam viene a ser una especie de CWA.

Con todo esto quiero decir que el problema de demostrar que algo existe o no existe es un problema bastante importante, que la humanidad ha caracterizado ya.

Trasladándonos al mundo del derecho, hace ya mucho tiempo que se estableció como base jurídica la presunción de inocencia. Tiene una doble vertiente. Una es puramente práctica: lo normal se presume, lo anormal se demuestra. En realidad hay muy pocas personas que cometen crímenes graves; a falta de más información, una persona cualquiera debe presumirse inocente, aunque sólo sea por la abrumadora probabilidad en favor de esta hipótesis.

La otra vertiente es garantista; en un estado de derecho digno de tal nombre, ante la duda se prefiere un culpable en libertad que un inocente cumpliendo una pena que no le corresponde.

Dicen que, en los tribunales de la Inquisición, si confesabas bajo tortura eras culpable (al fin y al cabo lo habías confesado). Si no confesabas, era porque el diablo te había dado fuerzas para soportar la tortura, así que eras culpable. Así que la acusación podía ser prácticamente un veredicto.

Lo más parecido que he visto en los últimos días es lo que ha dicho todo un Consejero de Salud. Un ejemplo de libro. Después de tres inspecciones, tres, que no han podido sacar a la luz ninguna mala práctica médica (y ya está disponible el texto de la sentencia para quien quiera enterarse), este individuo dice, más o menos, que su fe no cede ante la realidad. Presume (aunque no lo dice con estas palabras, eso es verdad) que los médicos asesinan pacientes (cosa bastante poco habitual) y nadie le sacará de ahí. Presume lo anormal, y espera que alguien le demuestre lo normal. Siendo, además, lo normal, la inexistencia de algo (de médicos asesinos). Probatio diabolica, se llama eso. Lo dicho: la justicia de la Inquisición.

Este tipejo dice que no restituirá en su cargo a los médicos, por la pérdida de confianza (supongo que se refiere a la de él en los médicos, aunque motivos veo para lo contrario) y porque el doctor Montes ha interferido desde su cargo en la actuación de los inspectores. Esta última es una acusación nueva, entiendo.

No me extrañaría que el expediente siguiese adelante, o fuese a los tribunales, y se comprobara que no hay acreditada interferencia alguna del doctor Montes en la actuación de los inspectores.

Y daría igual. Güemes estaría ya en otra Consejería, esquiando mientras se resuelve el expediente, y llegaría otro consejero de Sanidad y diría que no se ha demostrado que no hubiera interferencias, y que le daba igual.

Amén.

Lo que no se puede negar es que el nuevo consejero de Sanidad está, sin duda, a la altura del anterior.